 |
| Localización Raimundo Fernandez Villaverde, 50 |
El problema no es nuevo. Arranca del Plan General de 1997, donde se remodelan buena parte de las parcelas dotacionales del Distrito de Chamberí, entre otros el TPA de Raimundo Fernández Villaverde, con el objetivo fundamental de obtener aprovechamientos lucrativos, sin que los escasos suelos liberados para espacios libres o dotaciones supusieran un reequipamiento real para este Distrito, ya que están al servicio de las viviendas a construir en los ámbitos con cargo a los cuales se obtienen. Estas actuaciones son un excelente ejemplo de cómo suelos públicos, obtenidos muchas veces por expropiación justificada en razones de interés y utilidad públicas, se utilizan para mejorar la cuenta de resultados de una empresa pública, con absoluto desprecio de los intereses de la ciudad.
El pasado 27 de noviembre se celebró el pleno para aprobar el Plan Parcial Interior de la calle Raimundo Fernández Villaverde, 50. Requisito indispensable para que la adjudicataria DOMO, obtuviera el préstamo de 55 millones para completar el pago al Ministerio de defensa, por la adquisición del TPYCEA (Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería).
En Septiembre de 1996 (¡ya ha llovido!), estando en el equipo de urbanismo del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, manifestamos nuestro rechazo con una alegación al denominado APR 07.09 TPA[1] RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, del siguiente tenor:
“Los residentes del distrito más antiguos recuerdan sin duda, la Colonia de Casas Militares que ocupaba las manzanas comprendidas entre Raimundo Fernández Villaverde, Maudes, Alonso Cano y Alenza. Los chalets de oficiales de la Colonia completaban, junto con la manzana de casas de suboficiales de Santa Engracia, Maudes, Alenza, María de Guzmán, el TPA de Raimundo Fernández Villaverde, y la cercana escuela Politécnica Superior del Ejército, el conjunto de instalaciones militares que ocupaba el límite de la ronda del ensanche (Cuando AZCA eran huertas y la verbena de San Antonio ocupaba el espacio del intercambiador de Raimundo Fernández Villaverde). El Plan General de 1963 permitió a los militares la remodelación de dicha Colonia, construyendo los bloques de vivienda existentes en la actualidad.
El NPG (Nuevo Plan General – así se denominó el Plan General de 1997) permitirá a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa rematar la faena, demoliendo los Talleres de Precisión y el laboratorio de Artillería, y construyendo un bloque similar a los de sus predecesores.
Dado que la GID (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) no ha comunicado a la OMP (Oficina Municipal del Plan) cuándo piensa cerrar la operación, el NPG no marca prioridad de planeamiento, por lo que ocurre una calificación volátil del suelo como “Servicio público singular”. Igual volatilidad se asigna al edificio del TPA, incluido en el nivel 2 del Catálogo del Plan General de 1985, y cuya protección se remite en el NPG a planeamiento. No cabe entender qué otra cosa sino parte de la valla va a proteger dicho planeamiento, cuando el edificio se demuela para dejar lugar a los 54.225 m2 de edificación residencial previstos.”
Seguramente en el caso que nos ocupa la valoración de esta pérdida patrimonial para la ciudad, necesitaba de una adecuación al entorno, dotando a los vecinos del Distrito de Chamberí, de un espacio abierto, y dejaran de pensar muchos de ellos, que se trata de “una valla de ladrillo coronada con unas chapas metálicas y alambre de espinas”. Es posible que muchos vecinos próximos no sepan que el TPYCEA se trata de el segundo edificio de hormigón más antiguo de España, uno de los ejemplos más importantes de arquitectura industrial de Madrid.[2]
Hemos asistido a la desaparición de importantes elementos patrimoniales en Madrid, desde los Palacetes de la Castellana, pasando por el Mercado de Olavide, hasta la asistencia, ¿impávidos?, de esta “nueva hornada” que la crisis está poniendo en el “mercado”.
Es imprescindible cortar la sangría de venta de suelos públicos, pues nos encontramos ante una cadena de múltiples adjudicaciones. ¿Para qué? Muchas Administraciones Públicas piensan lo importante que es completar sus presupuestos con estas ventas patrimoniales, ¿y la ciudad?
Dicho esto, debemos hacer algo más allá de quejarnos y criticar la situación, pues seguramente todos hemos contribuido a haber llegado hasta aquí, a todos nos ha parecido bien incorporar plusvalías a nuestro patrimonio particular, pero es hora de hacer propuestas que impidan mantener este deterioro del patrimonio común, del patrimonio público.
Debemos “CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO” en lo que se refiere al suelo público. No vale ya seguir poniendo parches a las diferentes legislaciones, pequeñas enmiendas a un modelo que permite el deterioro de nuestro patrimonio colectivo. La importancia de ser responsables con el patrimonio público y especialmente del uso del territorio, hace necesario que se plantee a corto plazo, con urgencia, una legislación que paralice e impida la venta de los suelos públicos de todas las administraciones, además de desarrollar el artículo 47 de la Constitución del 78 como ya hemos planteado en otras ocasiones.
No se trata, como para algunos pudiera parecer, de hacer “propuestas revolucionarias”, consiste en homologarnos con países de nuestro entorno donde el suelo permanece como elemento público indefinidamente, independientemente de lo que se coloque encima, pero con la tranquilidad de saber que un error tiene posibilidad de corregirse por las siguientes generaciones.
José María de la Riva Ámez
Profesor de Geografía
José María de la Riva Ámez
Profesor de Geografía
